Colegios
concertados
La polémica suscitada
por la concertación del colegio Ánfora de Cuarte pone sobre la mesa un tema que
habrá que afrontar tarde o temprano. Además no es un tema que haya surgido de
forma espontanea con el surgimiento de la democracia en España. Es un conflicto
que ya se discutió en el siglo XIX . La ley Pidal (1845) es derogada en 1887.
Esta ley había restablecidos los “Colegios asimilados” que pertenecían a las
congregaciones religiosas y tenían el privilegio de no someterse a inspección
estatal alguna ni de imponerse en programa. Resulta curiosa la polémica que surgió
cuando el arzobispo de Sevilla Ceferino Gonzalez en dijo en las Cortes: “Cuando alguien quiere apoderarse de un pueblo lo primero que hace es
apoderarse de la Enseñanza” a lo que
el ministro Romanones contestó: “Precisamente porque no quiero que nadie se apodere del pueblo español, deseo que la
enseñanza sea una función que pertenezca por completo al Estado”. Cuando en
los años ochenta Felipe Gonzalez universaliza la educación es necesaria la
concertación con los colegios privados existentes (la mayoría religiosos) ya
que no había suficiente infraestructura para acomodar a los nuevos alumnos que
se incorporaban. Por eso la concertación no es una obligación sino una
necesidad en un momento puntual. Se han sacados eslóganes como libertad de elección
de centro, de educación, etc. No es posible decir que los alumnos tienen
derecho a elegir el centro que deseen: ¿Qué colegio podrán elegir los niños de
Castelseras, Villafranca, Orihuela,……… si sólo hay un colegio? Si no hay
igualdad no hay libertad. No deja de ser curioso que la mayoría de los colegios
concertados no asumen como los públicos toda la diversidad étnica ni económica
que asumen los públicos. No hay justicia sin equidad. En el fondo creo que el arzobispo de Sevilla
tiene razón. La Iglesia necesita espacios, además de las iglesias para “orientar”
a los alumnos hacia las ideas que la iglesia propone. No hay mejor espacio que
un colegio. El problema está en que las creencias tanto religiosas como políticas
no deben tener este marco educativo para ser propagadas. En cualquier caso si algún
padre quiere una educación unidireccional puede enviarlo al colegio privado que
desee pero no a costa del erario publico.
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